- Acuerdo de Escazú
Chile es parte del Acuerdo de Escazú, un tratado regional que establece los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo promueve la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y defiende los derechos humanos vinculados al medio ambiente. Es relevante para la protección de los territorios, especialmente en un país donde los defensores ambientales (principalmente comunidades indígenas y organizaciones sociales) han sido víctimas de violencia y represión. - Derecho de los Pueblos Indígenas a la Consulta Previa
Según el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, Chile está obligado a realizar un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas sobre proyectos que puedan afectar sus territorios. Esto asegura que las comunidades puedan participar en la toma de decisiones sobre proyectos de desarrollo que impacten sus tierras, como la minería o la construcción de infraestructuras. - Institucionalidad Ambiental Chilena
Es un conjunto de leyes, políticas, organismos y mecanismos establecidos en Chile para gestionar, regular y proteger el medio ambiente. Esto incluye las instituciones encargadas de la fiscalización de la normativa ambiental, como el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, entre otras. La institucionalidad ambiental también abarca las políticas y estrategias del país para enfrentar desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. - Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales
La Ley de Monumentos Nacionales protege tanto los bienes culturales como los naturales de importancia patrimonial, como parques, reservas y áreas de alta biodiversidad. Esta ley crea un mecanismo para designar áreas del territorio como Áreas Protegidas de interés nacional, lo que asegura su conservación para las generaciones futuras. Ejemplo de ello es el Parque Nacional Torres del Paine, protegido por esta ley. Ley 19.253 – Ley Indígena
Ley promulgada en 1993, regula los derechos de los pueblos indígenas en Chile, estableciendo principios de igualdad y no discriminación y promoviendo el respeto a las culturas indígenas y a sus derechos territoriales. Esta ley también establece los mecanismos para la protección de las tierras indígenas y para la participación de las comunidades en los proyectos de desarrollo que puedan afectarlas.
La ley reconoce el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa respecto de los proyectos de desarrollo que puedan afectar sus tierras.- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente
La ley 19.300 fue promulgada en 1994; es uno de los pilares fundamentales de la legislación ambiental chilena. Establece los mecanismos para la protección del medio ambiente, como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que deben realizarse para los proyectos que puedan generar efectos negativos sobre los ecosistemas y el territorio. Estos procesos de evaluación garantizan la participación ciudadana en las decisiones que afectan al territorio, asegurando que los proyectos de inversión respeten los bienes comunes naturales, como la minería y la construcción de infraestructuras, entre otros. - Ley N° 20.283 – Ley de Bosques
Ley que establece un marco legal para la conservación y el uso sostenible de los bosques nativos de Chile, protegiendo los ecosistemas forestales y promoviendo la reforestación. Regula las Áreas de Protección y Restauración de los Bosques Nativos y ofrece incentivos a los propietarios de tierras para mantener o restaurar los bosques. Esto contribuye a la protección del territorio forestal y de la biodiversidad mediante servicios ecosistémicos. - Ley 20.285 de Transparencia, que garantiza el derecho de acceso a la información pública
Ley promulgada en 2008 que establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública del Estado. Esta ley es fundamental para la transparencia de la administración pública y permite que los ciudadanos soliciten información sobre los proyectos, políticas y decisiones gubernamentales, incluidos los relacionados con la gestión ambiental. Ley 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente
Ley promulgada en 2010 crea y regula el funcionamiento del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), con el objetivo de establecer una institucionalidad sólida para la gestión ambiental en Chile.
- Ley 21.595 de Delitos Económicos
Ley que establece sanciones penales para quienes cometan delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos naturales y otras prácticas que afectan al medio ambiente. En su artículo 310 bis se incorporan los Atentados Contra el Medio Ambiente, definiendo como graves las afectaciones de los componentes ambientales que producen daños irreparables, afectan a especies vulnerables, ponen en riesgo la salud humana o impactan de manera significativa los servicios ecosistémicos. Esta ley busca reforzar la protección ambiental y garantizar la responsabilidad en las actividades económicas. Ley 21.600 crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Ley promulgada en 2023 para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuyo objetivo es la conservación de la biodiversidad de Chile, promoviendo la protección de sus ecosistemas y áreas naturales de interés ecológico. Este servicio tiene competencias para gestionar el sistema de áreas protegidas del país, como parques nacionales, reservas naturales y monumentos naturales, y también tiene la responsabilidad de desarrollar políticas públicas que favorezcan la biodiversidad y la conservación.
- Prácticas de Autotutela Efectiva
Este término se refiere a las estrategias y mecanismos que las comunidades, pueblos o grupos sociales implementan por su cuenta para defender sus derechos y proteger sus territorios, especialmente en contextos de vulnerabilidad o cuando las autoridades tradicionales no brindan la protección necesaria. Se basa en la autodeterminación, el fortalecimiento de las capacidades locales y la resiliencia ante amenazas externas, como la contaminación o el despojo de tierras. - Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
Se encarga de la implementación y supervisión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que evalúa los proyectos que pueden afectar al medio ambiente, garantizando la realización de estudios ambientales adecuados y la evaluación de los proyectos en función de su impacto ecológico. - Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) permite evaluar proyectos que puedan generar impactos significativos en el medio ambiente, como los proyectos mineros, hidroeléctricos, agrícolas o de infraestructura. Este sistema, aunque fundamental en la legislación ambiental, ha sido objeto de críticas por su eficacia y por la aprobación de proyectos sin cumplir los requisitos de mitigación adecuados. - Sobreintervención
Se refiere a la acción de intervenir de manera excesiva en un proceso o situación, ya sea en los ámbitos político, económico o social. En el contexto ambiental, la sobreintervención puede referirse a políticas o prácticas que, en lugar de resolver un problema, empeoran la situación mediante la imposición de medidas innecesarias o desproporcionadas, afectando el equilibrio natural o social. - Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)
Es responsable de la fiscalización y sanción de las infracciones ambientales cometidas por empresas o individuos, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.